Apoderados

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Sociedades: situaciones que frecuentemente se verifican al momento de invocar la representación frente a terceros.

Cuestión de larga data es el ejercicio de la representación social, en el caso de la sociedad anónima, suplida las más de las veces con un mero poder general de administración, disposición y representación, donde al notario le bastó tener por justificada con los antecedentes exhibidos la existencia de la sociedad y la calidad de representante legal.

A propósito, cabe examinar algunos supuestos que frecuentemente se verifican al momento de invocar la representación frente a terceros.

El análisis se ordena a partir del Art. 255 LGS en cuanto dispone que la administración esté a cargo de un directorio, compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. Precisión normativa más relevante aún frente a sociedades anónimas del Art. 299, salvo las previstas en su inciso 7), donde el directorio se integrará por lo menos con tres directores. La constitución y funcionamiento del directorio es materia contenida en el estatuto.

A ello sucede la norma del Art. 266, por la que el cargo de director es personal e indelegable, previsión consagratoria de tan particular calidad, la que no permite que un tercero ocupe y ejerza el cargo sustituyendo al director.

Empero, mientras que el Art. 268 dispone que la representación de la sociedad corresponde al presidente del directorio, el estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores, supuestos alcanzados por el Art. 58. De allí que el administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

Son facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros que no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción. Asimismo hay que destacar lo establecido en el art. 269, en cuanto a que el estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrado por directores que tengan a su cargo, bajo la vigilancia del directorio, únicamente la gestión de los negocios ordinarios. Esta organización no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores.

Así, diseñado un sistema orgánico de administración, se consolida el respeto a la voluntad social conformada por la mayoría de votos dados en el acto asambleario.

Toca entonces explicar cómo se relaciona el ordenamiento societario, ley especial separada del cuerpo del Código Civil y Comercial, con el régimen del mandato, que el Art. 1319 del mismo define como contrato en el que una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra.

Es interesante advertir la remisión que el Art. 1320 hace cuando el mandante confiere poder para ser representado, supuesto en el que le son aplicables las disposiciones de los Arts. 362 y siguientes del Código. Y, en punto a dilucidar la cuestión, ese Art. 362 dispone que la representación voluntaria comprende sólo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo.

Llegados a este punto, queda claro que el presidente del directorio no se halla investido de capacidad para otorgar, por sí mismo, poder de representación alguno a tercero. De allí, todo otorgamiento de poder requiere, inexcusablemente, de un acto previo de autorización por parte del órgano de administración, donde especialmente se indique su alcance y extensión.

Así lo afirma, de modo contundente, Marcelo Perciavalle en su comentario a la norma en la Ley General de Sociedades comentada (Ed. Erreius, 2da. edic., p. 477). Tal principio no impide otorgar poderes especiales para representar a la sociedad y cumplir decisiones previamente resueltas por el directorio, encuadradas en la política predeterminada de la empresa. Todo ello, sin dejar de precisar, y a modo de conclusión, que tales otorgamientos mal pueden alterar el apuntado principio de indelegabilidad del cargo de director.

Al contrario, no cabe requerir del presidente, como suele verse en el ámbito bancario, en ejercicio de su función como representante legal, el otorgamiento de un poder a tal efecto, ya que basta con el acto orgánico del directorio que así lo disponga.

Fuente: Dr. Abog. José María Curá

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