Si bien en la Ley 941 –CABA aprobada en el año 2002, se establecían algunas sanciones para aquellos administradores de consorcio que infringían determinados artículos, el RPA (Registro Público de Administradores de Consorcio), que se encontraba a cargo de este control, no logró conseguir el objetivo deseado por los propietarios, ya que en la mayoría de los casos no eran aceptadas las denuncias, o bien no se aplicaban multas y hasta incluso en caso de ser aplicarlas, los administradores no las abonaban, debido a que aparentemente el Registro no hacia un seguimiento de los casos.

A partir del dictado de la Ley 3.254 CABA en el año 2009, que mediante el decreto reglamentario 551/10 tiene obligatoriedad de aplicación a partir del 3/9/2010, el panorama cambia totalmente.

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Dra. Liliana M. Corzo, Contadora Pública especializada en Propiedad Horizontal y Auditorías de Consorcios