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A partir de una exhaustiva investigación realizada
por al Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) sobre una organización dedicada a la generación
de “empresas fantasmas” con el objetivo de blanquear
operaciones agrícolas, el Juzgado Federal de Villa
María, a cargo del Dr. Mario Eugenio Garzón,
dispuso el procesamiento de 25 personas bajo la figura de
asociación ilícita fiscal tipificada en la Ley
Penal Tributaria.
Se estima que la organización realizó operaciones
por un valor superior a los 600 millones de pesos, el equivalente
a unas 800.000 Tn de soja.
El Juzgado Federal de Villa María procesó con
prisión preventiva a quienes están sindicados
como jefes de la organización: Miguel Ángel
Seri, Guillermo D. Boldorini, Néstor Eduardo José
Boldorini y Alberto D. Jauregui.
Además la justicia procesó a Carlos Sebastián
Conte, Diego Nazareno
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Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano
Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther
Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Nilda Rosa
Beilmann, Angel Ismael López, Mónica Gabriela
Funes, Jorge Alberto Peralta, Mónica Isabel Pronetto,
Elena Rocío del Valle Orona, Alberto Oscar Mihaich,
Raúl Osvaldo Gasparini, Ariadna Jesús Seri,
María Julieta Seri, Sonia Morales, Martín Rodrigo
Acuña y Jorgelina Rita Rosso
La maniobra
La ingeniería diseñada para
ocultar a los reales productores de granos incluía
a “prestanombres” y testaferros que formaban parte
de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas. Los integrantes
de esta banda creaban y administraban decenas de “carpetas”
de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía
por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes
no tributan impuesto alguno al Fisco.
Las operaciones se realizaban desde la firma
Graneros S.A., ubicada en Ayacucho 220, 2° piso, en la
ciudad de Córdoba.
Otra maniobra detectada consistía en
la simulación de gastos e insumos destinados a la producción
agrícola, vulgarmente conocida como “venta de
facturas truchas”, la que se complementaba con el “servicio”
de simulación en el cumplimiento de medios de pago
exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios
y emisión de cheques a nombre de insolventes).
Las primeras sospechas sobre la existencia
de la banda delictiva surgieron a partir de las tareas de
inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba
en abril de este año. Una vez confirmado el ilícito,
se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal
de Villa María, a cargo de Julián Falcucci,
quien confirmó la existencia de la asociación
ilícita que operaba en forma permanente en la zona
y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros
de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
La investigación se profundizó
con escuchas telefónicas dispuestas por el Juzgado
del Dr. Garzón, Secretaría Penal Dr. Eduardo
Caeiro, las que permitieron desentrañar la red dedicada
a cometer y facilitar delitos tributarios.
En el ejercicio de sus funciones, la AFIP
Dirección Regional Córdoba se constituyó
en querellante en esta causa.
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Fuente:
AFIP.
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