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La Agencia de Recaudación de Buenos Aires detectó
en el último año mediante operativos de control
satelital y fiscalización presencial más de
21,4 millones de metros cuadrados no declarados al fisco bonaerense.
Según un informe de la Gerencia General de Fiscalizaciones
Masivas, el dato corresponde al análisis de más
de 150 mil partidas inmobiliarias de toda la provincia.
Estas edificaciones clandestinas equivalen, por ejemplo,
a poco más que la superficie total de la localidad
de Lomas de Zamora, así como también es una
superficie similar a lo que significan 306 mil viviendas tipo,
de la que otorga el Estado en los planes sociales.
El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia,
Lic. Martín Di Bella, explicó que todos
los días llevamos adelante acciones para detectar construcciones
y ampliaciones que no fueron declaradas por los contribuyentes.
Nuestra tarea se apoya en el uso de tecnología satelital,
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el cruce de información con
las bases de datos de otros organismos y, al mismo tiempo,
en el trabajo de campo que desarrollan los inspectores de
la Agencia. Esa labor en equipo permitió que durante
el último año pudo detectar Arba un promedio
diario de 59 mil metros cuadrados.
Los constantes relevamientos catastrales que
realizó el gobierno de Daniel Scioli durante el último
año permitieron detectar, contando complejos hoteleros,
paseos comerciales, restaurantes, edificios y viviendas particulares,
más de 150 mil partidas inmobiliarias con irregularidades.
Cada uno de esos propietarios trató de esconderle a
la provincia un promedio de 147 metros cuadrados.
En detalle, el trabajo de los agentes de Arba
se basó en la utilización de tecnología
de punta, y para tener una idea de la magnitud que representan
estos más de 21,4 millones de metros cuadrados sin
declarar, vale estimar que corresponde a una deuda de casi
265 millones de pesos del impuesto inmobiliario.
Vale recordar que según dispone el
artículo 81 de la Ley de Catastro provincial, los propietarios,
poseedores a título de dueño o responsables
de los inmuebles, sean personas físicas o jurídicas,
de carácter privado o público, estarán
obligados a denunciar cualquier modificación que se
introduzca en las parcelas de su propiedad, posesión
o jurisdicción a través de la presentación
de una Declaración Jurada de Avalúo ante la
Dirección Provincial de Catastro Territorial, dentro
del término máximo de treinta días contados
a partir de que tal modificación se encuentre en condiciones
de habitabilidad o habilitación.
Di Bella agregó que desde Arba
apelamos a la responsabilidad de los contribuyentes y los
instamos a que cada vez que construyan o realicen mejoras
en sus inmuebles cumplan con la obligación de actualizar
sus datos catastrales. Las construcciones recientes, el reciclaje
o remodelación de casas antiguas y las mejoras edilicias
en las viviendas son reflejo de la capacidad contributiva
de los ciudadanos, y es justamente esa capacidad la que determina
la magnitud de las obligaciones fiscales.
En ese sentido, el director de Arba
consideró que todos tenemos que saber que las
cuestiones impositivas están regidas por un principio
solidario. Eso significa que cada persona contribuye en función
de su capacidad patrimonial y aporta, a través del
pago de impuestos, al sostenimiento de un sistema público
que brinda servicios al conjunto de la sociedad. De esta manera,
cuando un propietario declara en forma fehaciente los metros
construidos que tiene su inmueble, y paga los impuestos en
función de esos datos, posibilita que todos los ciudadanos
de la Provincia, sobre todo los que se encuentran en una situación
económica más desventajosa, puedan acceder a
las prestaciones públicas de salud, educación,
seguridad, justicia, etcétera.
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Fuente:
ARBA.
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